No hay ninguna duda de que para el Estado la ciencia es una incomodidad. La razón es muy sencilla: pone límites a su actuación, revelando sus fallos e inconsistencias. El caso más obvio es el de la teoría económica, contra la que el Estado libra una batalla prácticamente desde los orígenes de la concepción moderna de la disciplina, que se puede datar casualmente (o no) muy en las proximidades del origen de la concepción actual del Estado como regulador de la vida cotidiana.